Juventudes de Fe y Alegría llevan sus propuestas al debate de la ONU sobre educación

La Federación Internacional de Fe y Alegría participó en la segunda sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta de Naciones Unidas, que explora la posibilidad de elaborar un Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relacionado con el derecho a la educación.

La propuesta busca avanzar en el reconocimiento del derecho a la atención y educación en la primera infancia, la educación pre primaria pública gratuita y la educación secundaria pública gratuita. Para ello, el Grupo de Trabajo ha venido discutiendo una serie de principios que buscan orientar el posible instrumento y, al mismo tiempo, fortalecer los estándares internacionales existentes sin duplicar las disposiciones que ya contempla la Convención.

¿Qué se está discutiendo?

Uno de los nudos centrales del debate fue si hace falta un nuevo instrumento internacional o si el reto está en implementar lo que ya existe: la Presidencia del Comité de los Derechos del Niño defendió que un Protocolo elevaría los estándares, mientras la Relatora Especial advirtió sobre el riesgo de sumar compromisos sin resolver los vacíos de implementación actuales. Detrás de esa tensión apareció un consenso: las barreras de acceso y permanencia persisten, y la gratuidad educativa no se agota en eliminar la matrícula — el transporte, los materiales, los uniformes, la alimentación o el acceso a internet, siguen expulsando a las familias del sistema, sobre todo cuando se cruzan con la pobreza, la discapacidad o la pertenencia a comunidades indígenas, minoritarias y rurales.

Esa brecha remite directamente al financiamiento: la falta de recursos, las restricciones presupuestarias, la austeridad y el servicio de la deuda explican por qué reconocer un derecho no basta si los Estados no movilizan los recursos para sostenerlo. El Principio 4 responde a esto fortaleciendo la cooperación internacional —sin relevar a los Estados de su responsabilidad primaria— y priorizando a los países en desarrollo. El otro nudo pendiente es el seguimiento: los principios apuestan por un monitoreo efectivo que no duplique los mecanismos ya existentes en la Convención, y por blindar el futuro instrumento contra cualquier retroceso frente

Diferentes posiciones entre Estados 

El respaldo no fue unánime. Países como República Dominicana, Brasil, Cuba, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay impulsaron el proceso, mientras Europa y otros Estados plantearon reservas, pidieron más tiempo de discusión o cuestionaron el valor real de un nuevo Protocolo frente a las obligaciones ya vigentes. El desacuerdo se concentró en la falta de precisión conceptual —qué se entiende por primera infancia, educación inicial y educación preprimaria, y cómo se relacionan educación y cuidado— y en una pregunta de fondo: ¿ayudaría realmente un nuevo instrumento a cerrar las brechas existentes? En ese debate, la primera infancia ganó peso propio: organizaciones y especialistas insistieron en que no es solo cuidado ni preparación para la primaria, sino una etapa constitutiva del derecho a la educación.

El proceso mismo quedó dividido. Mientras el Presidente-Relator dio por cerrada la fase exploratoria y abrió la puerta a redactar un texto, varios Estados insistieron en que la discusión aún no estaba madura. El Grupo de Trabajo cerró con recomendaciones ad referendum que optan por ganar tiempo sin frenar el proceso: continuar las consultas intersesionales, sostener la participación significativa de niños, niñas y adolescentes, y ampliar el diálogo a los niveles nacional y regional.

La voz de Fe y Alegría en Naciones Unidas

La Red Generación 21+ —la plataforma juvenil del Movimiento presente en América Latina, África y Europa— tuvo voz propia en esas sesiones a través de Kiweny Rosado Montero (Fe y Alegría Dominicana) y Lisseth Inga (Fe y Alegría Chile). Kiweny intervino en el Principio 4 para pedir que la cooperación internacional se dirija a quienes enfrentan mayores barreras —comunidades indígenas, afrodescendientes, rurales y campesinas, personas con discapacidad— y fortalezca las capacidades de comunidades, docentes y sistemas educativos, sin relevar a los Estados de su responsabilidad.

Lisseth, en el Principio 6, fue más allá: “ser escuchados es fundamental, pero no es suficiente”. Su intervención reclamó una participación significativa y sostenida, con mecanismos que garanticen que las propuestas de niñas, niños y adolescentes pesen realmente en las decisiones que los afectan. Con estas dos voces, la experiencia territorial del Movimiento entró al debate internacional sobre cómo construir un derecho a la educación efectivo, gratuito, inclusivo y accesible —y sobre cómo asegurar que quienes lo viven cada día tengan un lugar en las decisiones que lo definen.